La excelencia en la evolución de “lo público”: el reto de la izquierda

Sobre “lo público”, hay una cosa que la derecha hace bastante bien: no engaña a nadie.

Llevan décadas defendiendo que el Estado debe hacer menos cosas y que el mercado debe hacer más. Que la sanidad, la educación, los cuidados o cualquier otro servicio susceptible de generar actividad económica deberían estar abiertos a la competencia y a la iniciativa privada. Que supuestamente la gestión privada aporta productividad, reduce costes y mejora los resultados, en contrapartida con la gestión pública.

Es su posición ideológica que, siendo legítima, plantea en el fondo que las plusvalías económicas y sociales que generan las actividades básicas del ciudadano, recogidas en los presupuestos generales del estado, sean patrimonio de unos pocos, y no del conjunto de la sociedad.

Sin embargo, cuando esta visión se extiende a todos los ámbitos de la vida colectiva, el bienestar social corre el riesgo de medirse exclusivamente en términos económicos. Lo que no genera rentabilidad inmediata pasa a ocupar un lugar secundario. La igualdad de oportunidades, la cohesión social, la solidaridad o la garantía efectiva de derechos quedan subordinadas a la lógica del mercado.

Y ahí es donde la izquierda tiene una responsabilidad histórica, pero también una asignatura pendiente.

El problema no es defender lo público. El problema es no evolucionar.

Durante demasiado tiempo, parte de la izquierda ha caído en una posición defensiva, donde no basta con intentar proteger los servicios públicos frente a los intentos de privatización. Como si la simple existencia de una sanidad o una educación públicas fuera suficiente para justificar cualquier deficiencia. ¡Y no lo es!

La ciudadanía no pide discursos. Pide resultados.

No basta con afirmar que la sanidad pública es más justa. Tiene que ser también más accesible, más eficiente y más resolutiva.

No basta con reivindicar la educación pública. Tiene que ser además innovadora, exigente y excelente.

No basta con defender la Administración Pública. Hay que convertirla en una organización admirada por la sociedad.

Porque la verdadera batalla ideológica del siglo XXI no consiste únicamente en decidir cuánto Estado o cuánto mercado queremos. La verdadera batalla consiste en demostrar que una gestión pública moderna puede ser tan eficiente como cualquier organización privada, pero sin renunciar a los valores de igualdad, universalidad y solidaridad.

La trampa cultural que llevamos años aceptando

Existe una batalla cultural y un relato que la izquierda lleva demasiado tiempo perdiendo. La derecha ha conseguido asociar la palabra “empresa” con eficacia, la palabra “mercado” con modernidad, y la palabra “administración” con burocracia.

La eficiencia no es patrimonio exclusivo de un modelo concreto de gestión, así como la productividad no está reñida con el desempeño del servicio público.

Basta observar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, para comprobar que gestionar bien no es patrimonio de ninguna ideología.

Mirar hacia Europa sin complejos

Mientras en España seguimos discutiendo si lo público puede funcionar bien, existen países que llevan décadas demostrando que es una realidad que los ciudadanos perciben. Países como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia figuran regularmente entre los primeros puestos mundiales en calidad institucional, confianza ciudadana, competitividad económica, innovación, educación y bienestar social. Y curiosamente lo han conseguido sin desmontar el sector público, más bien al contrario.

En estos países la participación pública en la financiación y gestión sanitaria supera ampliamente el 80% del sistema, mientras que en educación la inmensa mayoría del alumnado estudia en centros públicos o de titularidad pública financiados íntegramente por el Estado.

Lo verdaderamente incómodo para quienes sostienen que la privatización es la única vía hacia la eficiencia es que estos países no destacan únicamente por sus servicios públicos; también destacan por su productividad económica, sus niveles de innovación, su competitividad internacional, y por la satisfacción que muestran sus ciudadanos respecto a las instituciones.

Es decir, han conseguido exactamente lo que algunos siguen afirmando que es imposible: combinar un sector público fuerte con una economía dinámica y competitiva.

Los datos desmontan algunos mitos

Otro argumento recurrente sostiene que la calidad de los servicios públicos exige contener salarios o externalizar servicios para reducir costes. Los datos tampoco respaldan esa afirmación.

Los profesionales de la educación en los países nórdicos perciben, en términos de poder adquisitivo, salarios generalmente superiores a los españoles. Además, la profesión docente disfruta de un prestigio social considerablemente más elevado.

En sanidad ocurre algo similar. Médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios trabajan en sistemas predominantemente públicos y reciben remuneraciones superiores a las de sus homólogos españoles.

Y, sin embargo, esos sistemas obtienen mejores resultados en numerosos indicadores de calidad, satisfacción ciudadana y eficiencia organizativa. ¿Por qué?, porque la eficiencia no nace de pagar menos, nace de organizar mejor, de eliminar burocracia inútil, de evaluar resultados, de profesionalizar la gestión, de incorporar tecnología, y de construir organizaciones donde las personas saben para qué trabajan.

Recuperar la vocación de servicio

Aquí es donde la izquierda tiene una enorme oportunidad. Durante años hemos hablado de presupuestos, competencias, normativas y estructuras administrativas, y quizá ha llegado el momento de volver a hablar también de valores.

Un Estado no funciona únicamente con leyes, funciona gracias a las personas que lo hacen posible. Funciona cuando un médico entiende que detrás de cada paciente hay una familia, cuando un profesor sabe que detrás de cada alumno existe una oportunidad de futuro, cuando un trabajador social comprende que detrás de cada expediente hay una situación humana concreta, o cuando un empleado público siente orgullo por el servicio que presta.

La vocación de servicio no es una palabra antigua, es una herramienta moderna de gestión. Probablemente una de las más poderosas.

Las mejores organizaciones del mundo no funcionan solo porque tengan buenos procedimientos, funcionan porque las personas creen en la misión que desempeñan, y pocas misiones son más valiosas que garantizar derechos, oportunidades y bienestar para toda la ciudadanía.

El gran reto progresista

La izquierda no debería limitarse a defender el Estado del bienestar, debe proponerse convertirlo en el mejor Estado del bienestar posible. Pero no para ocultar errores, justificar ineficiencias, o construir relatos complacientes, sino precisamente para combatir todo aquello que impide que los servicios públicos alcancen la “excelencia”.

Porque defender lo público no consiste en justificar lo que funciona mal, consiste en exigir que funcione mejor que nunca. Quizá haya llegado el momento de abandonar complejos y de dejar de jugar siempre en el terreno ideológico del adversario. Es necesario reivindicar algo tan sencillo como revolucionario:

Una administración pública excelente no es una contradicción. Es una obligación.

Porque lo público no tiene que pedir perdón, tiene que demostrar de lo que es capaz. Y cuando lo hace bien, no solo genera servicios, genera confianza, igualdad, ciudadanía, y construye algo que ningún mercado puede garantizar por sí solo: una sociedad que avanza junta.

Hay una última reflexión que la izquierda no debería eludir. Si queremos un debate honesto sobre los modelos de gestión, las reglas deben ser iguales para todos.

Resulta demasiado fácil declarar que un coche no funciona después de haberle quitado las ruedas, el combustible y parte del motor. Lo mismo ocurre con los servicios públicos. No se puede recortar recursos durante años, bloquear inversiones, saturar plantillas y multiplicar las cargas de trabajo para, acto seguido, señalar los problemas resultantes como prueba irrefutable de que la gestión pública ha fracasado.

Si alguien quiere defender la superioridad de la gestión privada, que lo haga compitiendo contra una sanidad pública plenamente financiada, una educación pública reforzada y una administración moderna y bien dotada. Lo contrario no es libre competencia entre modelos; es provocar la avería para vender después la reparación. Y una sociedad madura no debería dejarse convencer por un truco tan viejo

La verdadera pregunta no es si el Estado puede ser eficiente, sino por qué algunos siguen empeñados en que no lo sea para demostrar que tenían razón desde el principio.