La geometría variable de la ética pública

El reino de los matices infinitos

Durante años nos han explicado qué debemos pensar y que ética tenemos que aplicar. Nos lo explican los políticos, los medios de comunicación y los expertos de guardia, y cuando todavía quedan dudas, aparecen los grandes intereses económicos, las consultoras, los tertulianos profesionales y los fabricantes de relatos, para aclararnos que la realidad no es exactamente lo que estamos viendo, sino lo que ellos dicen que estamos viendo.

Vivimos rodeados de intérpretes oficiales de la ética. Si un escándalo afecta a unos, se convierte en una cuestión gravísima para la democracia. Si afecta a otros, es una campaña de desprestigio. Si un comportamiento es protagonizado por un adversario político, constituye corrupción moral. Si lo realiza un aliado, hablamos de una zona gris, una incompatibilidad administrativa o una mera apariencia de conflicto de intereses.

Y mientras tanto, los ciudadanos asistimos a este espectáculo con una mezcla de cansancio y perplejidad. Porque quizá no tengamos despachos en Bruselas, ni columnas de opinión en los grandes periódicos, ni asesores de comunicación que cobren más al mes que muchos trabajadores al año. Pero sí tenemos algo que parece haberse vuelto revolucionario: sentido común, que afortunadamente suele ser mucho más sencillo y barato que los argumentarios elaborados.

La mayoría de la gente entiende que resulta extraño que la pareja de un alto cargo institucional facture cantidades importantes a empresas que dependen, directa o indirectamente, de las decisiones de esa institución. Y todavía resulta más extraño cuando esos ingresos experimentan un crecimiento espectacular precisamente durante el periodo de relación sentimental. ¿Es necesariamente ilegal?, ¿es necesariamente corrupción?. No lo sabemos.

Pero la pregunta que se hace cualquier ciudadano normal es mucho más simple:

“¿Esto me parecería razonable si ocurriera en mi empresa, en mi ayuntamiento o en mi comunidad de vecinos?”

Y ahí empiezan los problemas, porque muchos ciudadanos solemos juzgar con la misma vara independientemente del color político del protagonista, aunque ahora nos enredan bastante y nos ofuscamos colectivamente, con mucha facilidad.

La misma lógica se aplica cuando observamos la trayectoria de algunos expresidentes del Gobierno. Personas que han tenido el honor, de ocupar la máxima responsabilidad institucional del país, que disfrutan de reconocimiento público, protección oficial, recursos y una asignación vitalicia precisamente para preservar su independencia. Cuando abandonan el cargo, muchos ciudadanos esperan que mantengan una cierta distancia respecto a actividades empresariales, operaciones internacionales o relaciones con gobiernos extranjeros que puedan generar dudas razonables.

No hablamos necesariamente de delitos, hablamos de prestigio institucional, de ejemplaridad y de ética, hablamos de evitar situaciones que parecen desarrollarse en ese peculiar lugar que podríamos denominar “el borde del donut”: una franja donde quizá no se ha cruzado ninguna línea legal, pero donde cada movimiento obliga a preguntarse por qué alguien siente tanta necesidad de caminar tan cerca del precipicio.

Lo mismo sucede con las puertas giratorias. Un ministro de cualquier color regula un sector, abandona la política, y meses después aparece sentado en el consejo de administración de una empresa perteneciente a ese mismo sector. Todo es perfectamente legal y está perfectamente explicado y documentado, sin embargo, millones de ciudadanos siguen teniendo la sensación de que alguien está utilizando un diccionario diferente para definir la palabra “independencia”.

La cuestión es que la ciudadanía ya no discute únicamente sobre leyes, discute sobre ética, cuestión que en muchos casos no coincide con el articulado del Código Penal. Uno puede no cometer ningún delito y aun así dañar la confianza pública. Puede cumplir todos los requisitos legales y seguir transmitiendo una imagen profundamente inadecuada. Incluso, alguien puede tener razón jurídicamente y equivocarse políticamente.

¿Y que pasa en otros sitios?

Existe un fenómeno particularmente llamativo en la política española, que hemos terminado acostumbrándonos a situaciones que en muchas democracias avanzadas provocarían dimisiones inmediatas, investigaciones exhaustivas o, como mínimo, una profunda vergüenza pública. Y no porque esos países estén habitados por seres con una ética superior, sus políticos sean santos, o la corrupción o los conflictos de intereses no existan. Realmente la diferencia es otra. En muchos lugares, la pregunta relevante no es únicamente si algo es legal. La pregunta es si resulta compatible con la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones, y esa diferencia cambia completamente las reglas del juego.

En Alemania, el entonces ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg abandonó el cargo tras descubrirse plagios en su tesis doctoral. Años después, la expresidenta regional Franziska Giffey también terminó dimitiendo por una controversia similar relacionada con su doctorado. Esos comportamientos no implicaban enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, o amenaza alguna para la estabilidad del Estado, pero afectaban a algo considerado esencial: la credibilidad de quien ejerce responsabilidades públicas.

En Suecia, país convertido en referencia internacional sobre transparencia institucional, una ministra tuvo que renunciar tras conocerse que había utilizado una tarjeta oficial para gastos personales de escasa cuantía. Lo relevante no era la cantidad. Lo relevante era el concepto y la ética a aplicar.

En Japón, donde la cultura de la responsabilidad política alcanza niveles difíciles de imaginar desde la óptica española, las dimisiones por errores administrativos, gastos discutibles o comportamientos considerados impropios son relativamente frecuentes.

Mientras tanto, en España parecemos instalados en una lógica distinta, no discutimos sobre ejemplaridad, discutimos sobre resistencia, y hemos convertido la responsabilidad política en una competición de supervivencia. Aquí debatimos durante meses o años, si determinadas conductas son realmente graves o simplemente han sido malinterpretadas. Desgraciadamente hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para normalizar lo anormal. Lo que en otros lugares provoca vergüenza institucional, aquí suele transformarse en un debate tribal o en un descojone colectivo. No importa qué ha ocurrido, importa quién lo ha hecho. Si es de los nuestros, encontramos matices, si es de los otros, exigimos responsabilidades inmediatas.

Ciudadanos agotados, excusas infinitas

Existe además una peculiar enfermedad colectiva que afecta a buena parte de nuestro debate público. El síndrome del “¿y los otros qué?”.

Cuando surge una conducta discutible, no analizamos la conducta, buscamos un caso equivalente en el adversario. Si aparece una noticia sobre posibles conflictos de intereses, alguien responde: “¿Y qué hay de los otros?”. Si se cuestiona la actuación de un ex alto cargo: “¿Y qué pasa con los que hicieron aquello hace diez años?”. Si se plantea una duda ética: “¿Y por qué no se habla de tal caso?”. Es un mecanismo extraordinariamente eficaz para evitar cualquier reflexión, porque transforma todos los debates en una competición de hipocresías, y al final, nadie responde a la pregunta inicial. Mientras los partidos políticos abren una cadena infinita de reproches cruzados, la ética pública desaparece del escenario y el ciudadano ya no compra el producto.

Sin embargo, algo parece estar cambiando, cada vez más personas observan estas discusiones con creciente escepticismo. Los ciudadanos escuchan a los partidos defender exactamente la misma conducta que condenaban hace cinco años. Observan a medios de comunicación justificar hoy lo que ayer consideraban intolerable. Contemplan cómo algunos líderes descubren nuevos principios morales dependiendo de quién protagonice la noticia. Y empiezan a sospechar que quizá la ética oficial funciona más como un departamento de marketing que como un conjunto de valores.

Por eso crece el hartazgo, no necesariamente contra una sigla concreta o una ideología determinada, sino contra una sensación cada vez más extendida de que existen dos categorías de ciudadanos, los que deben cumplir las normas, y los que disponen de equipos completos de abogados, asesores, portavoces y tertulianos para explicar por qué las normas significan algo distinto cuando les afectan a ellos.

La revolución del sentido común

Quizá la verdadera amenaza para este modelo no sea ningún partido político, medio de comunicación u organización. La verdadera amenaza es que la ciudadanía vuelva a confiar en su propio criterio y que haga la revolución desde el sentido común. Que un trabajador, una autónoma, un pensionista o un estudiante puedan observar determinadas situaciones y formular preguntas incómodas sin necesidad de esperar la autorización de ningún experto. ¿Es razonable?, ¿es ejemplar?, ¿genera confianza?, ¿aceptaríamos el mismo comportamiento si quien lo protagoniza perteneciera al bando contrario?. Cuando esas preguntas empiezan a formularse de manera transversal, desaparece la magia, los relatos pierden fuerza, las consignas se desgastan, y las excusas dejan de funcionar.

La democracia madura cuando los ciudadanos dejan de actuar como aficionados de un equipo de futbol y empiezan a comportarse como accionistas exigentes de las instituciones que se financian con sus impuestos.

La democracia no se deteriora únicamente cuando se incumplen las leyes. También se erosiona cuando quienes deben dar ejemplo se acostumbran a caminar permanentemente pegados a sus límites, porque la confianza pública no desaparece de golpe, se desgasta poco a poco, excepción tras excepción, justificación tras justificación, hasta que los ciudadanos dejan de creer en quienes les piden confianza.

Y quizás….., haya llegado el momento de recordar una verdad simple y sencilla: la ejemplaridad y la ética pública no consisten en averiguar hasta dónde puede llegar uno sin infringir la ley. Consisten en mantenerse lo bastante lejos de la línea como para que nadie tenga que preguntarse si, una vez más, estamos caminando por el borde del donut.