Inmigración, solidaridad y justicia social: una política migratoria al servicio de las personas y del interés general

La inmigración constituye uno de los grandes retos políticos, económicos y sociales del siglo XXI. Frente a los discursos xenófobos que pretenden convertir a las personas migrantes en el origen de todos los problemas, y frente a quienes defienden una apertura sin planificación ni regulación, la izquierda debe ofrecer una alternativa basada en la justicia social, la solidaridad internacional y la gestión responsable de los recursos colectivos.

Desde una perspectiva socialista, la inmigración no puede abordarse ni desde el miedo ni desde el voluntarismo. Debe gestionarse desde la defensa de los derechos humanos, la protección de las personas vulnerables y la garantía de unas condiciones de vida dignas tanto para quienes llegan como para quienes ya forman parte de nuestra sociedad.

La regulación de los flujos migratorios no es incompatible con la solidaridad. Al contrario. Una política migratoria responsable es aquella capaz de garantizar la integración efectiva de quienes llegan, evitando tanto la explotación laboral como la marginación social.

Una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades reales del país

España afronta importantes desafíos demográficos: envejecimiento de la población, descenso de la natalidad y dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. En numerosos sectores económicos existe una demanda estructural de mano de obra que debe ser atendida para mantener el crecimiento económico, garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y preservar la competitividad de nuestra economía.

Por ello, la política migratoria debe vincularse a las necesidades reales del mercado laboral, determinadas anualmente a partir de:

• Las previsiones de crecimiento económico.
• Las necesidades de trabajadores por sectores productivos.
• La evolución demográfica de la población activa.
• Las jubilaciones previstas.
• Las vacantes estructurales sin cubrir.
• Las necesidades territoriales específicas de cada comunidad autónoma.

La inmigración laboral debe responder a un principio básico: quien llegue a España debe poder desarrollar un proyecto de vida autónomo, disponer de oportunidades reales de empleo y acceder a unas condiciones dignas de existencia.

Planificación anual de necesidades de trabajadores por sectores

Una política migratoria socialista debe apoyarse en datos objetivos y no en consignas ideológicas. Cada año, el Estado, junto con sindicatos, organizaciones empresariales y comunidades autónomas, debería elaborar una planificación de las necesidades laborales del país.

A modo orientativo, la previsión anual de las necesidades de nuevo empleo por sectores para el año 2025 fue aproximadamente la siguiente:

Estas cifras deberían ajustarse anualmente según la evolución económica, las tasas de desempleo y las necesidades reales del tejido productivo.

Fuera de las necesidades laborales planificadas, de los compromisos internacionales de protección humanitaria y de los acuerdos de cooperación suscritos con terceros países, la capacidad de absorción de nuevos flujos migratorios debe estar condicionada por la capacidad efectiva de integración social, laboral y residencial de nuestro país.

Asilo político y solidaridad internacional

Junto a las necesidades laborales, existe una obligación moral y jurídica que define a cualquier democracia avanzada: la protección de quienes huyen de la guerra, la persecución política, la represión o las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

España debe seguir cumpliendo plenamente sus obligaciones internacionales en materia de refugio y asilo.

Las personas perseguidas por motivos políticos, religiosos, étnicos, ideológicos, de orientación sexual o procedentes de zonas de conflicto deben encontrar protección en nuestro país.

La solidaridad internacional forma parte de la identidad histórica de la izquierda y constituye un deber irrenunciable de cualquier sociedad democrática.

Sin embargo, es igualmente necesario diferenciar claramente entre los procesos de asilo y los movimientos migratorios de carácter económico, estableciendo canales legales, transparentes y ordenados para cada situación.

La dignidad del trabajo como condición de integración

Existe una realidad que con frecuencia se evita en los debates ideológicos: nadie se integra únicamente mediante declaraciones de buenas intenciones. La integración exige empleo, vivienda, formación, acceso a la sanidad y participación social.

Cuando una persona llega a un país sin posibilidades reales de encontrar trabajo ni desarrollar un proyecto de vida digno, aumentan los riesgos de exclusión social, dependencia económica, economía sumergida y marginalidad.

Una sociedad responsable no puede promover situaciones que terminen condenando a miles de personas a sobrevivir en condiciones indignas.

Toda persona que entre en España debe tener perspectivas reales de empleo que le permitan sostener una vida autónoma y digna. La solidaridad no consiste en permitir la llegada de personas sin ofrecer posteriormente oportunidades efectivas de integración, sino precisamente en garantizar esas oportunidades.

La dignidad humana comienza por la dignidad del trabajo.

Combatir la explotación laboral

La izquierda no puede limitarse a defender los derechos de los trabajadores españoles; debe defender también los derechos de los trabajadores inmigrantes.

La existencia de situaciones de explotación laboral constituye una de las mayores contradicciones de nuestras sociedades.

No es admisible que determinados sectores económicos utilicen la vulnerabilidad de trabajadores extranjeros para reducir costes laborales y aumentar beneficios.

Tampoco es aceptable que existan focos permanentes de infravivienda, exclusión social o asentamientos precarios asociados a determinadas campañas agrícolas o actividades económicas.

Si una economía necesita trabajadores extranjeros, debe garantizarles:

• Contrato legal.
• Salario digno.
• Condiciones laborales reguladas por convenio.
• Vivienda adecuada.
• Cobertura sanitaria.
• Protección frente a abusos.
• Igualdad efectiva de derechos laborales y sociales.

No puede existir una ciudadanía de primera y de segunda categoría.

Actuar en origen: cooperación, formación y desarrollo compartido

Una política migratoria progresista no puede limitarse a actuar cuando las personas llegan a nuestras fronteras. Debe intervenir también sobre las causas que impulsan la emigración forzada.

La pobreza, la falta de oportunidades laborales, la inseguridad política y las desigualdades económicas siguen siendo factores determinantes en numerosos movimientos migratorios.

Desde una perspectiva socialista, la mejor política migratoria es aquella que permite a las personas emigrar por elección y no por necesidad.

Para ello, España y la Unión Europea deben desarrollar acuerdos estratégicos con los países de origen de los flujos migratorios más significativos o con aquellos con los que se alcancen acuerdos de colaboración específicos.

Una alianza para la formación profesional y el empleo

Estos acuerdos deberían incorporar programas estables de cooperación orientados a la formación profesional y la capacitación laboral.

El objetivo no sería únicamente formar trabajadores para cubrir vacantes en España, sino contribuir al desarrollo económico y social de los propios países de origen.

Entre las actuaciones posibles destacan:

• Creación y financiación de centros de formación profesional.
• Programas formativos diseñados conjuntamente con las necesidades productivas detectadas.
• Formación en agricultura moderna, industria, energías renovables, logística, construcción, cuidados y tecnologías digitales.
• Programas de aprendizaje del idioma español.
• Intercambio de profesorado y especialistas.
• Sistemas de certificación y cualificación profesional homologables.

De este modo, quienes opten por trabajar en España llegarían con una cualificación reconocida, mientras que quienes permanezcan en sus países contribuirían al fortalecimiento de sus economías nacionales.

Migración circular y beneficio mutuo

El objetivo debe ser sustituir progresivamente la inmigración irregular por procedimientos legales, seguros y transparentes.

La migración circular permitiría responder a necesidades temporales de determinados sectores económicos y facilitar posteriormente el regreso voluntario de los trabajadores a sus países de origen con experiencia profesional, formación y recursos económicos.

Este modelo genera ventajas para todas las partes:

• España cubre necesidades reales de empleo.
• Los trabajadores acceden a empleos legales y protegidos.
• Los países de origen reciben profesionales mejor formados.
• Se reduce la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
• Se fortalece la cooperación internacional.

Una inversión más eficaz que gestionar las consecuencias

Cada euro invertido en educación, formación profesional y generación de oportunidades económicas en origen tiene un impacto superior al destinado posteriormente a resolver situaciones de exclusión, economía sumergida o inmigración irregular.

La cooperación internacional debe convertirse en una auténtica política de codesarrollo capaz de generar prosperidad compartida entre los países de origen y los países de destino.

Ayudar a crear empleo y cualificación en los países emisores constituye una de las herramientas más eficaces para ordenar los flujos migratorios y fortalecer la estabilidad internacional.

Ni xenofobia ni fronteras sin reglas

Los discursos xenófobos ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Señalar a las personas inmigrantes como responsables de las dificultades económicas, de la inseguridad o de la presión sobre los servicios públicos no resuelve ninguno de esos desafíos.

Pero tampoco ayuda una visión ingenua que considere que cualquier regulación de los flujos migratorios supone una vulneración de derechos.

La izquierda debe construir una posición propia, basada simultáneamente en la defensa de los derechos humanos y en la responsabilidad de gobierno.

Regular no es discriminar. Planificar no es excluir. Organizar no es rechazar.

Una propuesta socialista para el siglo XXI

El socialismo democrático debe defender una política migratoria basada en cinco principios fundamentales:

1. Protección efectiva de refugiados y perseguidos políticos.
2. Planificación anual de la inmigración laboral según las necesidades reales de la economía.
3. Garantía de empleo digno, salarios justos y derechos sociales para todas las personas que lleguen.
4. Tolerancia cero con la explotación laboral, la marginalidad y las redes de inmigración irregular.
5. Inversión en formación, empleo y desarrollo en los países de origen mediante acuerdos de cooperación y codesarrollo.

La inmigración no debe ser vista ni como una amenaza ni como una solución mágica a todos los problemas económicos. Debe contemplarse como una realidad estructural que exige políticas serias, racionales y profundamente humanas.

Solo desde la combinación de solidaridad, planificación, trabajo digno y cooperación internacional podremos construir una sociedad cohesionada donde nadie sea utilizado como mano de obra desechable y donde nadie se vea obligado a abandonar su país por falta absoluta de oportunidades.

Ese es el camino que debe defender una izquierda moderna: una política migratoria basada en la dignidad humana, la justicia social, la responsabilidad colectiva y la prosperidad compartida. Recuperemos el relato coherente de la izquierda.

Una política migratoria progresista consiste precisamente en gestionar los movimientos migratorios de forma humana, ordenada, transparente y socialmente sostenible.